Históricamente, España fue un conglomerado de distintos reinos (Castilla, Aragón, Granada...) en donde en cada uno de estos territorios se impartía legislación y competencias distintas. A lo que respecta el reino de Aragón, se le aplicó "territorios forales" a las Provincias Vascongadas y Navarra, en donde sus tierras estaban divididas por fueros.
A partir de 1812, con la imposición de la Constitución de "La Pepa" se reorganiza el estado español para hacerlo de forma centralizada, aplicándose así un decreto en donde se impone un final del absolutismo que será fruto de la voluntad de la Nación representada en las Cortes. Desde este momento, esos territorios forales pasan a ser denominados provincias, al igual que el resto de territorios de España, por lo que el triunfo de la Constitución fue, a su vez, una pérdida de la totalidad del conjunto de reinos.
Hasta 1841 no se pone punto y final a la peculiaridad de de Navarra y las Provincias Vascongadas a través de la Ley Paccionada que adopta, como provincia, un régimen singular de autogobierno económico-administrativo. Además, la III Guerra Carlista pone fin definitivamente a la foralidad vascongada con la Ley abolitoria de 1876 ofreciendo, así, un concierto económico en 1878 que permitiría adquirir independencia pero con limitaciones, respondiendo siempre ante el Estado español.
Ahora que estos territorios han adoptado la nueva organización centralizada al igual que el resto del territorio español surge el anhelo de luchar por la "reintegración foral" a principios del siglo XX, aunque el surgimiento del sentimiento nacionalista no dudó y sacrificó la reintegración foral de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Navarra, sin embargo, hizo caso omiso al nacionalismo y siguió en busca de una reintegración de sus fueros.
La nueva Constitución de 1978 aplicó en Navarra la Ley de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral en 1982 en donde se ofrece un concierto económico que regula las relaciones tributarias entre el Estado y el territorio navarro, por lo que se concede un cierto grado de autonomía económica por cuestiones históricas a este territorio (impuestos recaudados por las diputaciones forales, la posibilidad de fijar su propio modelo fiscal, IVA...).
Los territorios forales han sido siempre una preocupación fundamental en la economía española ya que, aunque para muchos sea una simple peculiaridad, esos territorios son de los que más contribuyen a través de impuestos, relacionado con mayores recursos para la Comunidad Autónoma (denominado "riesgo unilateral").
En un futuro observaremos los frutos de estas decisiones, contemplando la posibilidad de que más comunidades puedan disfrutar de estos conciertos económicos, como ya intenta Cataluña.